Tewolde Gebremariam, presidente de Ethiopian Airlines, en el lugar del accidente del vuelo 302 de la aerolínea – Vía Ethiopian Airlines

A mediados de mayo el Departamento de Justicia (DoJ) de los Estados Unidos se planteó que Boeing no había cumplido con el acuerdo que en enero de 2021 le había permitido dejar en suspenso el caso criminal por los accidentes de los Boeing 737 MAX de Lion Air y Ethiopian Airlines que se saldaron con 346 muertes y que tuvieron al modelo en tierra durante veinte meses. Así que el departamento decidió que iba a reactivar el caso. Pero ahora acaba de saberse que Boeing quiere declararse culpable para evitar ir a juicio.

Aunque lo peor es que es una oferta que le ha hecho el Departamento de Justicia: Boeing se declarará culpable de haber ocultado y presentar información falsa a la Administración Federal de Aviación (FAA); pagará una multa de de 243,6 millones de dólares, lo que es calderilla para la empresa por muy en crisis que esté; y se gastará al menos otros 455 millones de dólares en los próximos tres años para impulsar los programas de seguridad y cumplimiento con normativas. La directiva de la empresa tendrá que reunirse, además, con las familias de las víctimas de los accidentes.

El acuerdo también impone un supervisor independiente, que durante tres años tendrá que presentar informes públicos de progreso anuales acerca del cumplimiento de la empresa, que estará a prueba durante ese tiempo. En el acuerdo de 2021 no existía esta figura.

El acuerdo, que aún tiene que ser aprobado por el juez que lleva el caso, cubre los años anteriores a los accidentes de los vuelos 610 de Lion Air y 302 de Ethiopian Airlines. No protege a la empresa de acciones que puedan derivarse de la pérdida de un tapón del fuselaje de un 737 MAX de Alaska Airlines en enero de este año y que fue lo que llevó a que el DoJ se planteara que Boeing no había cumplido el acuerdo de 2021.

Boeing puede enfrentarse con el problema de que las empresas con condenas por delitos graves pueden ser suspendidas o inhabilitadas como contratistas de defensa. Pero Boeing con toda seguridad pedirá una exención. Que con más seguridad aún le será concedida aunque sólo sea porque la economía y las fuerzas armadas de los Estados Unidos dependen demasiado de ella como para que puedan dejarla caer.

De hecho la Fuerza Aérea alegó un «interés nacional decisivo» para permitir que Boeing siguiera compitiendo por contratos después de que la empresa pagara una multa de 615 millones de dólares en 2006 para zanjar varias acusaciones penales y civiles, entre ellas la de haber utilizado información robada a un rival para conseguir un contrato de lanzamiento espacial.

Las familias de las víctimas de los accidentes están, como es lógico, indignadas, pues dicen que el acuerdo es poco más que una chaparreta en el culo para Boeing, y pedirán al juez que no apruebe el acuerdo. Pero para Boeing es una forma de escurrir al bulto y no ir a un juicio que sin duda sería altamente mediático precisamente cuando está intentando recuperarse de la mala imagen que se ha ido creando en los últimos años.

El Departamento de Justicia dice que espera entregar el acuerdo al juez el próximo 19 de julio.

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